Un caso de eugenesia en la Corte Interamericana
Para muchos pasará desapercibido. Quizás algunos no se enteren y a otros muchos no les importará. Pero esta semana es crucial, por primera vez en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la eugenesia es abiertamente el centro del debate, durante la audiencia del famoso Caso Beatriz vs El Salvador (22 y 23 de marzo 2023).
Pero no es novedoso que se desprotejan los derechos del embrión humano, ni siquiera respecto de fines eugenésicos. Ya en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica existió un objetivo eugenésico a favor de la industria de la fecundación artificial. Hoy, no obstante, vamos un poco más lejos: se discutirá si El Salvador violó la Convención Americana de Derechos Humanos al permitir el nacimiento con vida de una bebé de 26 semanas de gestación diagnosticada con anencefalia.
Ahora bien, si esto no fuera suficiente, el caso cobra mayor relevancia si consideramos un dato importante: las organizaciones peticionarias del caso están estrechamente vinculadas y financiadas por la International Planned Parenthood Federation (IPPF). Esta organización fue fundada por Margaret Sanger, autora del famoso “Proyecto Negro” (The Negro Project) y numerosos panfletos de conceptualización del aborto, como medida de control de la natalidad de los negros, los pobres y las personas con discapacidad. Por cierto que todo esto lo escribió Sanger durante los años en que los nazis decretaron las Leyes de Núremberg (1935), que buscaban preservar la pureza racial, mediante la esterilización y exterminio de los seres humanos a quienes ellos consideraban deficientes.
Le recomendaron esterilizarse, pero ella se negó, porque le hacía ilusión volver a ser madre.
Pero, volvamos a lo anterior: este caso, como dijimos, se discutirá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto parece especialmente irónico si reparamos en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la ONU en 1948 como resultado de la experiencia trágica de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era, precisamente, combatir la discriminación por razones raciales, incluyendo la propia de las medidas eugenésicas. Teniendo esto en cuenta, resultará sumamente interesante observar cómo los jueces de la Corte IDH deliberarán sobre los argumentos presentados durante la audiencia y en la redacción final de la sentencia.
Tal vez lo mejor para tener claridad sobre el problema sea ir a los hechos: en 2013, Beatriz era una joven salvadoreña de 22 años, de escasos recursos. La joven padecía lupus inactivo, estaba embarazada y su bebé tenía anencefalia. Un año antes ya había tenido complicaciones durante el parto de su primer hijo. En esa ocasión, le recomendaron esterilizarse, pero ella se negó, porque le hacía ilusión volver a ser madre.
Cuando Beatriz llegó al Hospital de Maternidad fue atendida por el Dr. Guillermo Ortíz, quien se desempeñaba como jefe del departamento obstétrico de la institución. Este médico redactó un informe recomendando el aborto como solución para prevenir la posibilidad de una nueva complicación durante el parto y considerando la anomalía congénita de la bebé, por ser, la anencefalia, una condición grave en la que casi todos los bebés mueren unas pocas horas o días después de nacer.
Lo que nos parece particularmente inquietante es que, aunque un expediente clínico es información confidencial entre un médico y su paciente, los activistas de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Eugenésico se enteraron de la situación e inmediatamente se hicieron presentes en el hospital para tener contacto con Beatriz y mostrar su interés en el caso. ¡Y sí que se aprovecharon de la situación! En una entrevista realizada ese mismo año por ElDiario.es, la activista, Sara Garcia Gross, miembro fundador de dicha ONG, comenta que fue ella quien asistió psicológicamente a Beatriz. Al mismo tiempo, un miembro fundador de esta organización, el abogado Hugo Mata Tobar, le ofreció a Beatriz sus servicios profesionales para interponer un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando que se le permita practicarse un aborto.
Pero no fueron los únicos que aprovecharon el caso: la presidente y fundadora de la organización promotora de la eugenesia, Morena Herrera también fue muy diligente con la idea de usar el caso de Beatriz para solicitar la despenalización del aborto. Terminó por coordinar muchísimas acciones, sobre todo mediáticas, para dar a conocer la situación de Beatriz al mundo entero. Por supuesto, todos estos ofrecimientos fueron aparentemente gratuitos.
Fue así como en muy poco tiempo la plataforma de Amnistía Internacional ya había colgado una petición de firmas electrónicas, titulada: “Beatriz morirá si no se le practica un aborto”. Este titular ―tan alarmante― llamó la atención de la ex ministra de salud, la Dra. María Isabel Rodríguez. La preocupada mujer no dudó ni un segundo en organizar ruedas de prensa y redactar numerosas cartas a sus otros camaradas, que también ocupaban posiciones de alto cargo en el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN,) para apoyar la solicitud de aborto que había recetado el médico que estaba bajo su dirección.
El caos, la confusión y el revuelo en la opinión pública fueron inmensos. Y, para qué decir, la presión a la que sometieron a Beatriz. Fue entonces cuando los magistrados de la Sala de lo Constitucional ordenaron medidas cautelares para garantizar el derecho a la vida y la salud de ambas pacientes… por lo anterior, tuvo que intervenir el Instituto de Medicina Legal (IML), que dirigió la conformación de una mesa médica a la que se sumaron diversos especialistas del Colegio Médico, la Asociación de Nefrología, la Asociación de Hipertensión Arterial, la Asociación de Reumatología y la Asociación de Bioética de El Salvador.
Estaban instrumentalizando la vulnerabilidad de Beatriz y su familia para avanzar en una agenda ideológica.
Finalmente, el dictamen del peritaje multidisciplinar fue unánime: se concluyó que Beatriz nunca estuvo en peligro de muerte. Padecía lupus, pero estaba inactivo; tampoco tenía insuficiencia renal como decían algunos medios de comunicación. En otras palabras, la salud de Beatriz era estable y no había razón médica para intervenir su embarazo. A su vez, hubo pronunciamientos oficiales de la Asociación de Pediatría, la Asociación de Neonatología, el Sindicato de Médicos del Hospital Rosales y fundaciones provida locales e internacionales, que participaron en el debate público para abogar por el respeto al derecho a la vida e integridad física de la bebé de Beatriz.
Quedaba de manifiesto así que los grupos promotores del aborto estaban instrumentalizando la vulnerabilidad de Beatriz y su familia para avanzar en una agenda ideológica. Cosificaron a Beatriz como objeto de su causa por la eugenesia, la atemorizaron, le dijeron que moriría si no se practicaba un aborto, la acorralaron haciéndole creer que la única opción médica posible era elegir entre su propia vida y la de su hija. Le dijeron que los médicos querían salvar su vida, pero la ley que penaliza en el aborto en El Salvador les prohibía ayudarla, que si no abortaba podría padecer insuficiencia renal, que por eso era necesario firmar el amparo para iniciar la lucha legal que le permitiera vivir. Le hicieron creer que, por la discapacidad de su bebé, no tenía sentido dejarla nacer y que el procedimiento lógico sería practicarle un legrado cuando su hija tenía 18 semanas de gestación.
En pocas palabras, Beatriz fue asediada psicológicamente por los grupos promotores del aborto: agendaban y guiaban sus declaraciones a la prensa; expusieron las condiciones domésticas de su familia y explotaron la angustia de su madre ante las cámaras; con intensión de persuadir a la opinión pública, le daban el micrófono para que sus lágrimas conmovieran a los televidentes. Se trataba de la vida de su hija Beatriz o la de su nieta, una beba con poco pronóstico de supervivencia. Las feministas lo dramatizaron como la peor tragedia de la que ni siquiera vimos en la terrible película Sophie’s Choice.
Pese a lo anterior, Beatriz no fue la única víctima, la sociedad salvadoreña también fue sometida a un chantaje emocional durante semanas. En las redes sociales prevalecían los comentarios despectivos por la condición de la bebé; los medios de comunicación no dejaban de lanzar encuestas en las que el usuario debía elegir entre la mamá o su bebé, esto es, entre dejar morir a Beatriz o la legalización del aborto. El ambiente se tornó extremadamente polarizado, pero lo peor de todo era observar cómo retrocedíamos en materia del respeto a la dignidad humana y derechos de las personas con discapacidad.
Finalmente, se llevó a cabo una audiencia, en la que estuvieron presentes todas las partes y la Sala de lo Constitucional resolvió negando la solicitud de aborto. El tribunal argumentó principalmente que la legislación salvadoreña reconoce los derechos de la persona desde el instante de la concepción, y la bebé era por ende titular del derecho a la vida. En segundo lugar, se negó la solicitud de aborto, por haberse comprobado que Beatriz no estaba en peligro inminente de muerte. Y en tercer lugar, porque el embarazo se encontraba en el segundo trimestre de la gestación, por lo que ya no podía hablarse de aborto.
Pese a lo anterior, la Dra. María Isabel Rodríguez, ex ministra de salud, y el Dr. Guillermo Ortiz, que atendió a Beatríz en el Hospital de Maternidad, insistían en que la anencefalia de la bebé era motivo suficiente para interrumpir el embarazo, debido a la salud mental de Beatriz. Ambos tomaron la decisión de inducir dolores de parto a las 26 semanas de gestación, para que diera a luz a una niña por medio de una cesárea.
Beatriz bautizó a su hija con el nombre Leilani Beatriz, una bebé prematura con discapacidad que vivió durante 5 horas hasta fallecer de forma natural, por causa de un defecto congénito del tubo neural.
A pesar de su cortísima vida, la existencia de Leilani tuvo un importante propósito: demostrar que la vida humana dentro del vientre materno tiene dignidad y derechos, independientemente de su condición de salud. Contemplar el aborto significa negar la humanidad de las personas con discapacidad, transmitiendo el mensaje que estas personas no tienen cabida en la sociedad y que deben ser eliminadas.
Beatriz falleció 4 años y 4 meses después del nacimiento de Leilani, a raíz de las heridas producidas por un accidente de moto. Su muerte, contrariamente a lo que afirman los grupos abortistas, no tuvo ninguna relación con su segundo embarazo, ni con la negación del aborto del año 2013.
Cabe mencionar que poco tiempo después de la polémica, el Dr. Guillermo Ortíz recibió una oferta laboral por parte de IPAS Centroamérica, una empresa comercial que vende equipos para realizar abortos. Su producto estrella es el aspirador AMEU Plus® para practicar legrados manuales; también las cánulas Ipas EasyGrip®, utilizadas para apretar la vagina durante la succión del bebé. IPAS, además de ser el empleador actual del doctor que recomendó el aborto a Beatriz, también es peticionaria oficial del caso ante la Corte IDH, siendo esto un claro conflicto de interés lucrativo en la demanda.
Y no solo eso: ese mismo año, en el 2013, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Eugenésico, en alianza con la Colectiva Feminista, solicitaron a la International Planned Parenthood Federation, la cantidad de $150 mil dólares americanos para financiar un proyecto, cuyo objetivo, era incrementar la voluntad política de los legisladores, las autoridades de salud y de justicia, para modificar la legislación penal en materia de aborto.
A su vez, la Colectiva Feminista recibió, en el 2014, la cantidad de $44 mil dólares de la IPPF, según los reportes anuales financieros que publican en su sitio web. Posteriormente, el informe anual de 2015 reportó $22 mil dólares y así, consecutivamente, cada año reciben apoyo económico del centro de abortos más grande del mundo para financiar sus operaciones. El caso Beatriz resultó ser económicamente muy ventajoso para las organizaciones que hoy demandan al Estado salvadoreño para establecer un falso derecho al aborto en la jurisprudencia internacional.
La solicitud de financiamiento no se limitó a la IPPF, ya que, en febrero del 2014, ambas organizaciones solicitaron a IPAS y la Fundación Ford, la cantidad de $112.744 dólares, para un proyecto con la finalidad de fortalecer el litigio estratégico de 17 casos de mujeres salvadoreñas que fueron condenadas por el delito de homicidio agravado en perjuicio de sus bebés recién nacidos.
En los mismos reportes financieros se puede observar que la IPPF envía alrededor de $500 mil dólares anuales al hospital y clínicas profamilia en El Salvador, para promover la anticoncepción y la esterilización con fines eugenésicos. Tal como se puede observar a detalle en un informe realizado en marzo del 2016, en el que muestran su interés de promover el aborto en países en los que existan casos de malformaciones congénitas debido a la transmisión del virus ZIKA. Como podemos constatar, no se trata solo de ideología, sino que es, al mismo tiempo, un “negocio” que mueve muchísimo dinero.
Promover el aborto de niños que padecen malformaciones o cualquier otra afección genética constituye un acto de denigración de la personan intolerable. Dicho esto, solamente queda esperar que los jueces de la Corte IDH puedan hacer valer la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad, además de la Convención Americana.
Presidente de Fundación Vida SV.
Directora de la campaña 40 días por la vida en la capital de San Salvador
Last modified: octubre 20, 2023
