2023 08 Allende Fusil

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Más allá de las consignas: hechos de los mil días de Allende

Cuando nos encontramos a días de la conmemoración de los cincuenta años del 11 de Septiembre de 1973, se  ha pretendido idealizar la figura de Salvador Allende Gossens, el primer marxista que arribaba al poder por la vía de las elecciones democráticas, como si hubiera sido un gran estadista y un espléndido gobernante. Pero esa idealización no se condice con la realidad.

I. El ambiente previo

En todos los acontecimientos históricos, hay unas causas, que los explican y originan, y unos efectos y consecuencias. El triste período de la presidencia de Salvador Allende Gossens, no es la excepción. Hubo unas causas, que se deben buscar, por lo menos, en el gobierno de su antecesor, Eduardo Frei Montalva, en el que se fue fraguando lo que fue el régimen de la Unidad Popular.

En noviembre de 1964 asumió la presidencia Eduardo Frei, habiendo obtenido el 56,09% en las elecciones realizadas en septiembre del mismo año, con el apoyo de los partidos de la derecha, el Conservador y el Liberal.

En marzo de 1965, correspondía que se efectuaran elecciones parlamentarias, para las cuales el recién electo presidente Frei encabezó una campaña, pidiendo “un parlamento para Frei”, y efectivamente lo obtuvo, al lograr su partido, la Democracia Cristiana, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y una alta representación en el Senado.

Su programa se denominó “Revolución en Libertad”, que fue considerado por el Partido Comunista en su XIII Congreso Nacional, en octubre de ese año, como un peligro para sus intereses revolucionarios, dado que intentaba apropiarse de muchas de sus banderas de lucha. Por eso, durante todo ese gobierno el Partido Comunista centró sus esfuerzos en aglutinar a los diversos partidos de izquierda, con el objetivo de hacerse del poder. En octubre de 1969, se constituye el Comité Coordinador de la Unidad Popular, para elaborar el Programa Básico que habría de llevarse a cabo en el próximo gobierno de Chile.

En enero de 1970, después de largas negociaciones entre todos los conglomerados de las izquierdas, se designa a Salvador Allende como representante del Partido Socialista y candidato único para las elecciones presidenciales que habrían de tener lugar en septiembre de ese año.

Durante todo el gobierno de Frei, la izquierda se dedicó a sembrar el odio en todos los ámbitos de la vida nacional, apoyando cualquier instancia de agitación social en el país.

Por su parte, el gobierno de Frei fue produciendo el desgaste de la Democracia Cristiana y el crecimiento de una fuerte oposición de la derecha, que rechazaba la creación de una amplia y desmedida área estatal y la expoliación que significó la reforma agraria, especialmente el régimen de pago de las indemnizaciones a los dueños de los predios expropiados, en virtud de la llamada “ley Aylwin”. Al mismo tiempo, la izquierda vociferaba que las medidas gubernamentales no eran suficientemente revolucionarias, algo parecido a lo de “no son 30 pesos, son 30 años”, que vivimos en Chile con el movimiento revolucionario de octubre de 2019.

La Democracia Cristiana sufrió una baja sostenida en las elecciones de distinto tipo, y sufrió dos escisiones que terminaron en la Unidad Popular: El MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria  y, más tarde, la Izquierda Cristiana.

En este contexto político, se realizaron las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, en las que obtuvo la primera mayoría relativa el candidato de la Unidad Popular, dando inicio a una nueva etapa en la vida política y social de Chile.

II. Condiciones de la elección de Salvador Allende

Se encontraba vigente la Constitución de 1925, que en su Capítulo V establecía que el Congreso Pleno iba a proclamar Presidente de la República a quien hubiera obtenido la mayoría absoluta en las elecciones presidenciales; pero si no había tal mayoría, el Congreso Pleno (Senadores y Diputados reunidos en un solo acto), debía elegir entre los ciudadanos que hubieran obtenido las dos más altas mayorías relativas.

El resultado de la elección dio la primera mayoría a Salvador Allende, con el 36,6%; y la segunda a don Jorge Alessandri, con el 34,9% y una diferencia de sólo 39.000 votos. En tercer lugar, Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana, con el 27,8%, poniendo fin  por treinta años al efímero sueño de este partido de gobernar.

El Congreso Pleno debía elegir entre Allende y Alessandri; pero Tomic, que tenía gran animadversión hacia la derecha, había realizado un pacto secreto para bloquear la posibilidad de que Alessandri fuera elegido por el Congreso Pleno. Para que Allende fuera elegido en el Congreso Pleno, requería necesariamente de los votos de la Democracia Cristiana. La Unidad Popular, entretanto, creó un clima de temor en la ciudadanía, en el sentido de que, si no era elegido Allende, Chile se vería sacudido por las masas populares, como lo expresó el propio Salvador Allende.

Este estatuto de garantías se llevó a una reforma constitucional, discutida en el Senado el 22 de octubre de 1970, oportunidad en que Patricio Aylwin planteaba  su necesidad, sobre la base de tres circunstancias: heterogeneidad de las fuerzas allendistas, por la que no daba garantías suficientes; ideología marxista de algunos de los partidos que apoyaban a Allende, con riesgo al respeto de las libertades públicas; y los métodos políticos de algunas de esas fuerzas, que exaltaban la utilización de la violencia como camino político éticamente aceptable.

El Partido Demócrata Cristiano reconoció inmediatamente el derecho moral de Salvador Allende para ser proclamado Presidente Electo, declarando su convicción de que el programa de Allende era similar al de Tomic, lo cual era efectivo. Sólo le pedía a Allende que no creara el Poder Popular como fuerza paralela a las Fuerzas Armadas y señalaba la necesidad de firmar una serie de garantías a cambio de los votos de este partido, concretadas en una reforma constitucional.

Este estatuto de garantías se llevó a una reforma constitucional, discutida en el Senado el 22 de octubre de 1970, oportunidad en que Patricio Aylwin planteaba  su necesidad, sobre la base de tres circunstancias: heterogeneidad de las fuerzas allendistas, por la que no daba garantías suficientes; ideología marxista de algunos de los partidos que apoyaban a Allende, con riesgo al respeto de las libertades públicas; y los métodos políticos de algunas de esas fuerzas, que exaltaban la utilización de la violencia como camino político éticamente aceptable.

Se realizó la reforma constitucional, cuyos puntos principales fueron: a) consagración constitucional del estatuto de los partidos políticos; b) consagración constitucional del estatuto de los medios de comunicación social (libertad de opinión); c) consagración constitucional de un sistema educacional independiente, mixto y pluralista (libertad de enseñanza); d) nuevas garantías para otras libertades como el derecho de reunión, la libertad personal y la inviolabilidad de la correspondencia; e) derechos sociales, como la libertad de trabajo, el derecho a la seguridad social y el derecho a la participación social; f) consagración constitucional de un nuevo estatuto de las Fuerzas Armadas.

Se aprobó esta reforma constitucional y Allende fue proclamado Presidente de la República por 153 votos a favor, 35 favorables a Alessandri y 7 votos en blanco.

III. Una visión de los planteamientos de la Unidad Popular.

La Unidad Popular tuvo como propósito fundamental el acceso al poder por las fuerzas de izquierda; pero su composición era relativamente heterogénea, pues la formaban los partidos Socialista, Comunista, Radical, Socialdemócrata, MAPU, Izquierda Cristiana, Alianza Popular Independiente y otros grupos menores, marcadamente marxistas leninistas.

Lograron redactar un programa y unos objetivos, buscando un cambio sustancial de la sociedad chilena, sobre la base de la lucha de clases y de las transformaciones de carácter revolucionario.

Por eso, la opinión pública tenía dudas acerca de cómo se conjugarían, dentro del programa y la estrategia de la izquierda, los planteamientos democráticos de radicales y socialdemócratas con la expansión abiertamente revolucionaria de los demás, especialmente los del MAPU. No obstante, lograron redactar un programa y unos objetivos, buscando un cambio sustancial de la sociedad chilena, sobre la base de la lucha de clases y de las transformaciones de carácter revolucionario a las que se deseaba someter al pueblo chileno.

En el programa de gobierno, cualquier persona puede darse cuenta de que se refleja la inspiración de fondo que animaba a quienes iban a ejercer el poder, una vez alcanzado el triunfo. Dicha inspiración es semejante a la que podemos apreciar en la coalición que actualmente gobierna en Chile. Y es que, pese a tener un gran números de partidos, éstos no son otra cosa que tentáculos del mismo pulpo: el Partido Comunista.

En ese programa se señalaba que las transformaciones revolucionarias que el país necesitaría sólo podrían realizarse si el pueblo chileno tomase el poder en sus manos y lo ejerciese real y efectivamente. Agregaba que las fuerzas populares  y revolucionarias se unieron para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exigía, sobre la base del traspaso del poder, desde los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado, y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo. Además, señalaba que  el Gobierno Popular asentará esencialmente su fuerza y su autoridad en el apoyo que le brinde el pueblo organizado; y que la policía debía ser reorganizada, a fin de que no pueda volver a servir como un organismo de represión contra el pueblo y que cumpliera con el objetivo de defender a la población de las acciones antisociales.

IV. La gradual destrucción de la economía

El gobierno de la Unidad Popular representó, en materia económica, la culminación de un proceso de deterioro que ya venía de antes. La sociedad chilena se había caracterizado por una marcada centralización administrativa y una concentración territorial de las instituciones del Estado y de los principales aparatos productivos, emanando de la capital la mayoría de las decisiones importantes que afectaban a toda la población chilena.

Lo anterior, produjo grandes diferencias en el desarrollo entre Santiago y el resto del país, fuertes procesos migratorios hacia las áreas urbanas y, consecuentemente, la pobreza extrema de miles de chilenos.

Por otra parte, había un excesivo poder del Estado y de los partidos políticos, incurriéndose en una instrumentalización  de la administración pública en beneficio de los partidos, desnaturalizándose su rol de servicio al bien común. El poder político, por superar la contingencia, terminaba enfrentando los problemas desde una perspectiva ideológica y demagógica.

El crecimiento de la economía no coincidía con el desarrollo del sistema político, con lo cual, los problemas sociales se mantenían en estado de permanente y frustrante postergación.

Se había llegado a un estado de estancamiento de la economía, cerrada al comercio internacional, sin progreso tecnológico en la producción, con un empresariado que se defendía de continuos cambios en las reglas del juego, de embates socialistas que desconocían la propiedad privada, y que acudía al Estado a pedir mejores precios para sus productos y protección ante la competencia externa, todo lo cual hacía que la población sufriera las consecuencias de este estancamiento y que muchas personas vivieran en la extrema pobreza.

Esto se acentuó durante la presidencia de Allende, cuyo ministro de Hacienda anunció, al presentar el presupuesto, a poco de asumir el gobierno, la estatización total de la banca privada, la nacionalización de la gran minería del cobre y de los grandes monopolios de distribución y producción, y el drástico avance de la reforma agraria.

Y así comenzaron a hacerlo, mediante el conflicto laboral, efectivo o ficticio; la toma de empresas, su requisición y designación de interventores políticos, que gastaban a cuenta de la empresa y, finalmente, la expropiación por decreto.

Cuando asume Allende, la empresa privada representaba más del 50% del Producto Nacional Bruto. En tres años, el sector estatal llegó a representar el 80% del total de la producción. Y en la agricultura, el 75% cayó en manos de los Centros de Reforma Agraria, organismos locales todopoderosos de gestión, agitación y propaganda marxista.

Las estatizaciones de todo tipo de empresas marcó el comienzo de una larga batalla entre el gobierno y la Contraloría General de la República, que rechazaba los decretos por ilegales; pero que el gobierno zanjaba a su favor mediante “decretos de insistencia”, con la firma de todos los ministros. Por ejemplo, con este método sistemático, requisó las ocho mayores empresas textiles del país.

Se produjo, mediante reforma constitucional, la nacionalización del cobre, que había sido “chilenizado” durante el gobierno de Frei Montalva, pasando al dominio nacional todos los bienes de las grandes compañías mineras; e inmediatamente comenzó la decadencia de las mismas y huelgas frecuentes de sus trabajadores.

Como consecuencia de todo este proceso, ya en mayo de 1971 se comenzaba a producir desabastecimiento, a lo que además contribuyó la obligación de efectuar depósitos de 100% del valor de las importaciones de 1.000 productos considerados no estrictamente indispensables, como automóviles, televisores, refrigeradores, etc. Simultáneamente, se fue produciendo un mercado negro de todo tipo de productos, especialmente de carnes y huevos.

Se pretendía obligar a los ciudadanos a alinearse con el gobierno, a través de la presión marcada por la sobrevivencia: una tarjeta de la JAP permitía obtener alimentos básicos que definitivamente no estaban a disposición en el mercado. Y para estar en la JAP, había que estar en algún partido de gobierno, salvo alguna excepción. Esta fue, probablemente la manifestación más notoria de los afanes totalitarios de la Unidad Popular en materia económica.

Al aumentar el desabastecimiento y el mercado negro, en enero de 1973, el ministro de Hacienda anuncia el racionamiento. Para llevarlo a cabo, se crean las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) bajo la concepción socialista del mercado, con el pretexto de enfrentar el mercado negro, el desabastecimiento y la inflación desenfrenada, que en verdad eran la consecuencia de una crisis que afectaba a toda la economía nacional por las tomas, intervenciones y requisiciones ilegales.

Con esto, se pretendía obligar a los ciudadanos a alinearse con el gobierno, a través de la presión marcada por la sobrevivencia: una tarjeta de la JAP permitía obtener alimentos básicos que definitivamente no estaban a disposición en el mercado. Y para estar en la JAP, había que estar en algún partido de gobierno, salvo alguna excepción. Esta fue, probablemente la manifestación más notoria de los afanes totalitarios de la Unidad Popular en materia económica. Y se creó la Secretaría Nacional de Distribución, organismo que asumiría el monopolio total de la comercialización de los bienes de consumo esencial.

El racionamiento se materializaría a través de una cuota de productos por familia, “de acuerdo a sus necesidades reales”. Este proceso de distribución sería controlado por las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios y por los Comandos Comunales de la Unidad Popular.

Los elementos de mayor relevancia de la realidad económica que se vivió fueron: expropiación total de importantes empresas productivas, que fueron pésimamente administradas; economía aislada del comercio internacional, con excesiva intervención estatal y proteccionismo que atentaba contra la iniciativa privada; sistema de racionamiento, como hemos explicado; aprovechamiento del proceso de reforma agraria para que elementos terroristas asolaran los campos e impulsaran las tomas a viva fuerza; emisión inorgánica de dinero por parte del Banco Central; contratación de gran cantidad de trabajadores en empresas estatales, para paliar la cesantía;  y un índice de inflación, en el año 1973, cercano al 1.000%.

Hacia noviembre de 1972, hubo una huelga general de prácticamente todos los sectores de la economía y de la sociedad, que llevó al país al borde del colapso económico, como consecuencia de la ineptitud del gobierno para resolver problemas acuciantes que estaban reclamando desde las diversas actividades. Ese paro duró cerca de 15 días, en un ambiente de gran tensión entre el gobierno y los gremios.

En medio de esta crítica situación, jura un nuevo gabinete, integrado por algunos miembros de las Fuerzas Armadas, cuya presencia hizo bajar inmediatamente la presión, aunque los diversos gremios hicieron saber que el conflicto no había terminado y se reactivaría si el gobierno no cumplía lo pactado. Como no cumplió, a los pocos meses diversos sectores volvieron a los paros, destacando el paro de los camioneros  de julio de 1973, que se llevó a cabo en todo el país, en medio de gran violencia entre huelguistas y quienes pretendían romper el paro.

En agosto de 1973, paró la locomoción colectiva a nivel nacional y, en medio de esta efervescencia, se forma un nuevo Ministerio, también integrado por miembros de las Fuerzas Armadas; pero ya no había ambiente para negociaciones, por lo que a los pocos días renunció el Ministro de Transportes, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, por no haber podido cumplir las metas que se habían fijado. Ante esta situación, cada vez más grave, se produce a fines de agosto de 1973 un nuevo paro general de prácticamente todas las actividades económicas y sociales, habiéndose llegado a más de un millón de trabajadores en paro.

V. La degradación social

Hacia mediados del siglo XX se tendió a considerar el desarrollo social como un resultado del desarrollo económico y no como algo complementario, por lo que se fueron enfatizando las estrategias destinadas a incrementar este último. En esa perspectiva, servicios sociales como la salud, educación, vivienda, previsión, etc., constituían bienes que restaban recursos para la inversión económica y, por tanto, podían ofrecerse en la medida que la situación económica del país tuviera asegurado su crecimiento.

Como consecuencia de eso, los estratos sociales más desamparados tuvieron un acceso muy restringido a los beneficios del desarrollo y, en la práctica, el crecimiento económico no trajo aparejadas, en un tiempo razonable, mejores condiciones de vida para la población.

Así y tal como ocurrió en materia económica, se trató de implantar en nuestro país un modelo de sociedad que, finalmente, la gran mayoría de los chilenos rechazó, por considerar que se conculcaban sus derechos fundamentales y se atentaba contra las libertades tradicionales del pueblo de Chile.

La Unidad Popular llevó adelante un programa que buscaba dar especial énfasis a la redistribución del patrimonio, lo cual afectó la convivencia nacional, continuando con un proceso desenfrenado, como hemos señalado, de expropiaciones agrícolas y de instauración en la industria, a presión y en forma artificial, de un área de propiedad social.

Así y tal como ocurrió en materia económica, se trató de implantar en nuestro país un modelo de sociedad que, finalmente, la gran mayoría de los chilenos rechazó, por considerar que se conculcaban sus derechos fundamentales y se atentaba contra las libertades tradicionales del pueblo de Chile.

Un ejemplo de lo que venimos diciendo fue el intento de instaurar los tribunales populares o vecinales, en que los jueces serían personas no letradas, elegidas por los vecinos, a través de sus organizaciones profesionales y políticas locales, bajo la supervisión del intendente de la provincia.

Se llegó a dictar un decreto que creaba estos tribunales, en enero de 1971. Pero despertó de inmediato en gran parte de la ciudadanía la más decidida oposición, por cuanto atentaban contra el Estado de Derecho y contra el estatuto de garantías que había firmado Allende a la Democracia Cristiana. Además, porque era inconstitucional, ya que quedaban entregados a la dictación de un reglamento orgánico por el Presidente de la República; porque atentaba contra los principios fundamentales de la responsabilidad de los jueces; porque existía una falta de garantías en cuanto al carácter y nombramiento de los jueces; y porque atentaba contra principios fundamentales de procedimiento.

La masiva oposición que recibió el proyecto no le permitió al gobierno someterlo a la ratificación en el Parlamento. Sin embargo, el mecanismo fue aplicado de hecho en diferentes centros urbanos, especialmente en poblaciones y campamentos.

Una educación de masas, por las masas y para las masas, en una sociedad como la socialista, en que la comunidad va progresivamente organizándose para asumir colectivamente la responsabilidad de educar a sus miembros…

Otro ejemplo, lo constituyó el intento de establecer la Escuela Nacional Unificada (ENU). Como es conocido, es recurrente en las autoridades socialistas del sector educación la idea de concientizar a la juventud. Es así como en febrero de 1973, el Ministerio de Educación publicó un folleto titulado “Por una educación nacional, democrática, pluralista y popular: metas para 1973”, que descubrió las verdaderas intenciones de la Escuela Nacional Unificada (ENU), que como su primer objetivo, señalaba “transformar a cada chileno en actor de su destino, elemento base de los cambios sociales que afiancen el sistema socialista de vida”; y concluía preguntando “¿Cuál será el resultado de esta educación?” y contestaba «Pues, el hombre nuevo”. En marzo de 1973 se dictó el decreto que ponía en vigor este proyecto a partir del 1° de junio.

Cabe destacar que en el informe que elaboró el Ministerio de Educación en febrero de 1973, bajo el título “Un sistema nacional para la educación permanente en una sociedad de transición al socialismo”, se señala: “Entendemos también la educación permanente como una educación de masas, por las masas y para las masas, en una sociedad como la socialista, en que la comunidad va progresivamente organizándose para asumir colectivamente la responsabilidad de educar a sus miembros…”.

Las reacciones al proyecto no se hicieron esperar, reclamando su ilegalidad. La Conferencia Episcopal declaró que se oponía al proyecto, porque su contenido no respetaba los valores humanos y cristianos fundamentales. Por iniciativa del Comandante en Jefe del Ejército, el 11 de abril se reunieron 150 oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas con el ministro de Educación, para representarle las aprensiones que despertaba el proyecto. Al día siguiente, el gobierno aceptó la solicitud del Cardenal Silva Henríquez de postergar su aplicación, hasta que se realizara un amplio debate nacional en torno a la iniciativa.

Finalmente, el proyecto fue abandonado, en virtud de las enérgicas reacciones manifestadas por los sectores mayoritarios de la ciudadanía. Ahora bien, en la práctica, a partir de 1990, buena parte de ese proyecto se ha llevado a cabo silenciosa y sibilinamente desde el Ministerio de Educación, a través de los denominados “objetivos transversales” y “contenidos mínimos” de los programas de educación.

El aparato estatal, utilizando distintas vías y en sintonía con la degradación que sufría la sociedad chilena en términos de su identidad y principios, concibió como una forma de reforzar sus aspiraciones totalitarias, el resquebrajamiento del ciudadano común, a través de la sistemática limitación y supresión de los valores fundamentales que históricamente habían prevalecido en la vida de los chilenos.

Un ejemplo claro de esto lo encontramos en materia de la libertad de expresión, puesto que, intentado acallar la voz de la oposición, la Unidad Popular inició la adquisición, a partir de noviembre de 1970 de una veintena de radioemisoras, en tanto fomentaba atentados y la ocupación ilegal de aquellas de oposición de mayor sintonía, como la Radio Agricultura y Minería de Santiago y la Riquelme de Coquimbo, entre otras.

El gobierno, por otra parte, presentó varias querellas contra diarios y revistas.

Similares acciones fueron aplicadas para apoderarse de las estaciones de televisión, con ataques graves al Canal 9 de la Universidad de Chile y todos los intentos para que el Canal 13, de la Universidad Católica, no pudiera extenderse fuera de Santiago. Es de recordar los ataques y agresiones a las instalaciones y a los trabajadores de la estación de Concepción de la Universidad Católica.

En relación a la prensa escrita, se hizo uso intensivo de la clausura de diarios y la ocupación ilegal de sus instalaciones. Por otra parte, se intentó arruinar a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, “la Papelera”, paralizando unidades de producción con piquetes de huelgas y bloqueando los caminos de acceso de los camiones que llevaban la materia prima, porque era la única productora de papel de diario y de revistas en manos privadas; pero fue tenazmente defendida por sus accionistas, trabajadores, la prensa y el público en general.

El gobierno, por otra parte, presentó varias querellas contra diarios y revistas, así como medidas administrativas de suspensión contra radioemisoras, para amedrentar y encarcelar a sus dueños y periodistas, y discontinuar la acción de los medios. Y no fueron las únicas medidas que tendían a incrementar el control estatal de las comunicaciones: el uso discriminatorio de los avisos y publicidades del Estado y sus empresas es otra digna de ser mencionada, o la infiltración de las radios por periodistas de gobierno, presionándolas a través de la OIR, Oficina de Informaciones de la Presidencia de la República.

Alimentado por la retórica revolucionaria, el clima general de ilegalidad que vivía el país era cada vez más incontrolable.

Otro ejemplo de la violación de los derechos fundamentales, lo encontramos en relación con la propiedad privada.

Alimentado por la retórica revolucionaria, el clima general de ilegalidad que vivía el país era cada vez más incontrolable; y a medida que aumentaba la escasez de alimentos, las cifras de importaciones subían y las colas frente a los negocios eran cada vez mayores y más frecuentes. La necesidad de estabilidad en el sector agrícola se acrecentaba cada día; pero éste recibió más violencia y expropiaciones. Entre noviembre del 1970 y marzo de 1973 se expropiaron 3.628 fundos, con 5.585.327 hectáreas, afectando a 33.948 familias.

A lo anterior, hay que sumar las usurpaciones ilegales de casas y terrenos de construcción en las grandes ciudades por el Movimiento de Pobladores Revolucionarios, sin que las autoridades de gobierno tomaran medida alguna para evitar esos excesos. Así, fueron naciendo en la periferia de Santiago, y no sólo en la periferia, los primeros “campamentos” [1], que fueron proliferando en las distintas comunas de la capital.

También se produjeron tomas ilegales de empresas industriales y comerciales, generalmente violentas. Allende había declarado que de las miles de empresas existentes en Chile, sólo tocarían a las 150 que ejercían monopolio sobre el mercado, de las cuales, 45 serían nacionalizadas y las demás se transformarían en empresas mixtas. Sin embargo, al cabo de dos años de la Unidad Popular, el 75% de las tierras agrícolas y el 80% de la producción industrial era controlada por el Estado. La Corfo había tomado bajo su control 535 empresas.

Entretanto, la prensa oficialista ya no hablaba de “expropiaciones”, sino de “apropiaciones en beneficio del área social”.

El 14 de octubre de 1972 el gobierno ordenó la requisición de todos los establecimientos comerciales que, por decisión sindical, habían dejado de trabajar, en solidaridad con los camioneros en huelga a que nos referimos precedentemente.

Durante el gobierno de Frei Montalva se fue sembrando sistemáticamente el odio de clases en todos los ambientes, especialmente por “asesores” y “promotores de la Reforma Agraria”. Esto comenzó a culminar en el proceso  electoral de 1970, que dejó al país en un estado de descomposición social agudo. Ya no sólo se trataba de vencer al contrario, sino que éste era el enemigo que debía ser destruido. Paso previo a lograr el desprestigio del contrario, había que difamarlo y, para ello, había que conseguir los cambios de lenguaje necesarios para quitar toda fuerza a sus argumentos y de pasada, dejar sin valor, por la vía del ridículo, los fundamentos éticos de éstos. Este procedimiento dejaba, además, el camino expedito para introducir los cambios que permitieran declarar un Estado socialista.

Para realizar  la tarea, fue utilizada una táctica introducida por Gramsci: vaciar las palabras de significado, quedando en condiciones de asignarles el contenido que más se acomodara a las necesidades de las circunstancias políticas del momento.

Esta labor fue encomendada a los medios de comunicación controlados por los partidos de gobierno, la que no resultó demasiado ardua, ya que se trataba de afectar y manejar un universo de personas con un promedio de escolaridad inferior a cuatro años de enseñanza básica, en una época en que las posibilidades de comparar informaciones eran limitadísimas, en relación con las actuales.

Un sociólogo de la época, Patricio Dooner, clasificó los medios de prensa gobiernistas de acuerdo a su comportamiento en dos grupos: “Arietes”: Clarín, Puro Chile, y Las Noticias de Última Hora; y otros, como El Siglo, del Partido Comunista, que consideró moderado; pero con las mismas características de los anteriores, maniqueo, ofensivo, mesiánico, intolerante y bélico.

Los medios considerados arietes, utilizan el sexo, el lenguaje propio del lumpen y la grosería para atraer a determinado tipo de público. Sus expresiones, traducidas normalmente en titulares principales y también de crónica, abiertamente coprolálicos, son recibidas con connotaciones anecdóticas, primero por los sectores más desposeídos y, después, en la medida que la prensa democrática mordía el anzuelo, respondiendo en términos similares, por la juventud en general, sin distingo de situación socio-económica; y finalmente, esos términos se hacen habituales, incorporándose al bagaje lingüístico de la mayoría de la población, por lo que todo Chile empieza a comunicarse de una manera soez.

Se utilizó el racismo para disminuir aún más la ya escasa unidad nacional. Especialmente se atacó a árabes y judíos, de próspera situación económica, gracias a la austeridad de una primera generación y a su laboriosidad, que les permitió crear fuentes permanentes de trabajo, que trajeron importantes cuotas de bienestar a todos los chilenos. También otros grupos extranjeros fueron atacados, aunque con menos virulencia.

La intolerancia religiosa es otro de los mecanismos utilizados en la tarea de demolición. La fuerte gravitación del catolicismo en la base de los bienes espirituales y morales tradicionales de los chilenos, hace que la Iglesia Católica sea blanco privilegiado de los escritores y periodistas marxistas. Se dedican a ridiculizar sus enseñanzas, su liturgia y los miembros de su jerarquía, incluido el Santo Padre.

Desde la prensa de izquierda se implanta el maniqueísmo. Todo lo que no es favorable  a los intereses de la causa marxista debe ser destruido. Todos los que discrepan son enemigos del pueblo  y antidemocráticos. Todo lo que no se pueda calificar de revolucionario, pasa a ser burgués, sinónimo de “reaccionario” y merece que se le destruya a como dé lugar. Se provoca aceleradamente la división vertical del país, en que cada parte pasa a ser para la otra un estereotipo odioso, que es preciso erradicar del vocabulario. Los opositores son capitalistas, sediciosos y golpistas, en tanto el sector proclive al gobierno es popular, revolucionario y representa los intereses de la mayoría.

El conflicto se llevó a posiciones extremas, de amigos y enemigos, de gran odio entre quienes no pensaban igual.

El ataque contra los opositores al régimen es violento y abundante en agravios y descalificaciones. Personajes especialmente agredidos son el ex presidente Frei Montalva y el ex presidente Aylwin, pese a la contribución que ellos hicieron al triunfo de Allende, como también la mayoría de los dirigentes de la Democracia Cristiana; y no se diga menos de los dirigentes del Partido Nacional. La Democracia Cristiana y el Partido Nacional son el eje de la oposición política y deben ser destruidos.

Con la Democracia Cristiana se intentan dos vías. La primera, busca mostrarla lejos del centro que dice representar y cercana a la derecha, en oscuros contubernios con el Partido Nacional, con el que comparte la oposición al marxismo; pero del que lo separan grandes diferencias doctrinarias. La segunda, busca su división interna, separando a sus personeros en “reaccionarios”, como Eduardo Frei y “progresistas”, como Bernardo Leighton.

El conflicto se llevó a posiciones extremas, de amigos y enemigos, de gran odio entre quienes no pensaban igual.

Una de las metas  del régimen marxista de la Unidad Popular era el ejercicio del control sobre la ciudadanía, en todos sus ámbitos. Para ello, se fomentaba y presionaba a los chilenos a incorporarse a diferentes organizaciones en cuyo seno se encontraban personeros del régimen con responsabilidades de control y vigilancia. En el ámbito vecinal, las Juntas de Vecinos, Cooperativas de Consumidores, Comités de Arrendatarios y las Juntas de Abastecimientos y Control de Precios (JAP); en el ámbito familiar, los Centros de Madres y los Centros de Padres y Apoderados; en el ámbito productivo, los sindicatos, los Comités de Trabajadores de la Industria y las Asambleas de Unidades de Producción; en el ámbito comunal, los Cordones Industriales, los Comandos de Coordinadores Comunales y los Consejos Campesinos Comunales.

Muchas de estas organizaciones constituyen en su esencia una efectiva vía de participación ciudadana; pero fueron utilizadas políticamente con funestos resultados, pues manipulaban a personas honradas y con espíritu de servicio, haciéndolas actuar a través de diversos estímulos para los fines de la Unidad Popular.

Un número creciente de ciudadanos veía como única solución el término del mandato del Presidente Allende, toda vez que las posibilidades de diálogo entre los diversos sectores habían caído en total descrédito. Por otra parte, las insinuaciones y presiones para que intervinieran las Fuerzas Armadas eran cada vez más intensas y directas sobre sus mandos.

La suma de situaciones de tensión que afectaba a la población chilena fue configurando un clima de verdadero desorden social, en el cual la frustración de las personas, el intento del régimen por someterlas, las huelgas, tomas y expropiaciones ilegales, los atentados contra los derechos fundamentales, la proliferación del terrorismo y actitudes subversivas, atentaron contra la convivencia nacional y generaron un ambiente de inseguridad y desconfianza mutua entre los chilenos, nunca antes conocido.

Un número creciente de ciudadanos veía como única solución el término del mandato del Presidente Allende, toda vez que las posibilidades de diálogo entre los diversos sectores habían caído en total descrédito. Por otra parte, las insinuaciones y presiones para que intervinieran las Fuerzas Armadas eran cada vez más intensas y directas sobre sus mandos. El 5 de noviembre de 1972, los dirigentes en huelga comunicaban al país la suspensión del paro y la vuelta al trabajo “por el interés supremo de Chile”.

La reforma constitucional denominada “Estatuto de Garantías Constitucionales” a que ya nos hemos referido ―que tuvo por objetivo obtener el apoyo de la Democracia Cristiana para la elección de Salvador Allende en el Congreso Pleno― era considerada por el gobierno de la Unidad Popular como “una necesidad táctica”; pero nunca pensaron en apartarse del “Programa de la Unidad Popular”.

Consecuente con el concepto presidencial del valor y significado que tenía el citado Estatuto de Garantías, muy pronto quedó sobrepasado por los hechos. Su incumplimiento sistemático por parte del gobierno y sus aliados, constituyó una realidad que le permitió a la ciudadanía tomar conciencia, desde los inicios  del gobierno de la Unidad Popular, sobre las verdaderas intenciones que, en forma inequívoca, inspiraba su gestión.

En este contexto, desde los inicios del gobierno de la Unidad Popular es posible constatar una serie de hechos que constituyen transgresiones evidentes al Estatuto de Garantías Constitucionales, promulgado el 9 de enero de 1971:

1) Desconocimiento de la libertad ideológica y programática de los partidos políticos, frente al intento del socialismo y del comunismo de hegemonizar, con su presencia, el escenario político nacional: 

      • El gobierno fue especialmente sectario y excluyente, incluso entre los partidos que apoyaron la elección de Salvador Allende, pues socialistas y comunistas se agredían entre sí y despreciaban al resto de los partidos de la coalición.
      • Por otra parte, la práctica sistemática de la violencia alentada por la Unidad Popular perseguía como objetivo importante la neutralización y el aniquilamiento de cualquier eventual adversario político que fuera un obstáculo en la consolidación de los objetivos relacionados con la plena instauración del poder popular en Chile.
      • Entre la literatura clandestina con que contaba el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) se encontraba un “Manual de Instrucción Urbana”, con “ejercicios para conocer al enemigo”, el cual contenía técnicas para espiar a empleados públicos, miembros de las Fuerzas Armadas, de partidos políticos y del Consejo de Seguridad nacional.
      • Hubo también campañas de preparación psicológica para los sectores que apoyaban al régimen, en que se buscaba justificar el asesinato colectivo de dirigentes de la oposición, oficiales militares, profesionales y periodistas.

2) Abusos derivados del ejercicio de las libertades de opinar y de informar: 

      • La protección constitucional de la libertad de opinión, que estaba concebida en términos muy amplios, se vio desvirtuada, precisamente como consecuencia de esa amplitud.
      • El periodismo desarrollado a través de periódicos como Clarín y Puro Chile se caracterizó por sus ataques contra la derecha política. Mientras duró la campaña presidencial, el principal blanco era el ex presidente don Jorge Alessandri Rodríguez.
      • Más tarde, todos los dirigentes políticos opositores y, en medida importante, los magistrados que integraban el Poder Judicial que, además de ser denostados, debían contemplar inermes el total desconocimiento de sus resoluciones por parte de las autoridades político-administrativas.
      • Los diarios de la Unidad Popular  estaban llenos de titulares que tildaban a la Corte Suprema como “enemigos del pueblo” o como “trinchera de la reacción”.
      • A lo anterior, hay que agregar los intentos del gobierno por acallar la voz de la oposición, a los que ya nos hemos referido, por lo que cabe concluir que se había llegado a una situación en la cual se vulneraba gravemente el Estatuto de Garantías Constitucionales, que aseguraba el acceso igualitario de “todas las corrientes de opinión a los medios de difusión y comunicación social de propiedad o uso de los particulares, así como la prohibición de discriminaciones arbitrarias entre las empresas propietarias de los medios de difusión y comunicación social”.

3) Vulneración de la libertad de enseñanza:

      • Ya nos hemos referido al intento del gobierno por establecer la Escuela Nacional Unificada (ENU), pese a que el Estatuto de Garantías aseguraba que la educación nacional debía ser democrática y pluralista y sin orientación partidaria, oficial o estatal.

Todo esto queda ratificado en la aludida entrevista concedida por Allende al periodista Regis Debray, donde el Presidente de Chile reconoció en forma expresa que la firma del Estatuto de Garantías había obedecido a una necesidad táctica, originada por exigencias del momento político que se vivía, pero que si se analizaba en detalle y se comparaba con el programa de gobierno de la Unidad Popular, no representaba una real garantía.

Consecuente con el concepto presidencial del valor y significado que tenía el citado Estatuto de Garantías, muy pronto quedó sobrepasado por los hechos. Su incumplimiento sistemático por parte del gobierno y sus aliados, constituyó una realidad que le permitió a la ciudadanía tomar conciencia, desde los inicios  del gobierno de la Unidad Popular, sobre las verdaderas intenciones que, en forma inequívoca, inspiraba su gestión.

VI. El uso de la violencia

Desde que Karl Marx y Friedrich Engels publicaron en 1848 su Manifiesto Comunista, se ha difundido en el mundo una ideología que polarizó y radicalizó las sociedades, con especial fuerza durante el transcurso de la guerra fría. Esa publicación, entre otros aspectos, llamaba a la unión de los trabajadores del mundo y propugnaba el derribo, incluso por medios violentos, de todas las condiciones sociales existentes en el orbe. El comunismo marxista-leninista es una teoría que se empeña en estimular el odio entre las clases sociales y utiliza al respecto todas las fuentes posibles de conflictos; fomenta la revolución social proletaria, la destrucción de todos los sistemas existentes; impulsa la dictadura del proletariado y aboga por el empleo de la violencia para acabar con el régimen de propiedad privada, para finalmente establecer una nueva sociedad.

Reconociendo que no es posible alcanzar su objetivo en un corto plazo, pues se requiere de una etapa de transición por el socialismo, ha utilizado históricamente para lograrlo cualquier medio y principalmente la violencia, aun cuando en los últimos tiempos ha recurrido a medios más refinados, como es el de la hegemonía por medio de la infiltración cultural, para cambiar el sentido común del pueblo. Todo ello, con el único fin de que el partido comunista se apodere del poder  y así dar vida a su concepción utópica: “la tierra será el paraíso, patria de la humanidad”, decía el himno de la Internacional Socialista.

Chile no quedó al margen y, desde 1938, el Partido Comunista Chileno ha buscado la implantación de esta ideología en nuestra Patria. En 1958, luego de la Revolución Cubana, ese estado, satélite de la Unión Soviética, propició la violencia en toda Iberoamérica, a fin de lograr los objetivos del comunismo, para lo cual financió, instruyó, capacitó y otorgó toda clase de facilidades a grupos violentistas para que impulsaran y fomentaran la actividad subversiva.

En nuestra Patria, tanto el proceso revolucionario de Cuba como la derrota del sector marxista en las elecciones presidenciales de 1964, dieron origen a los primeros grupos violentistas, acelerándose un proceso de desorden generalizado hasta entonces desconocido en Chile, desde mediados del gobierno de Frei Montalva.

En 1960 se formula la Primera Declaración de La Habana, que constituía un llamado a todos los pueblos del continente a la unidad de acción y a la lucha revolucionaria contra el imperialismo.

Dos años después, Fidel Castro difunde la Segunda Declaración de La Habana, proclamando el deber de todo revolucionario de hacer la revolución, mediante la lucha de guerrillas contra los ejércitos regulares. A eso se sumó el apoyo de Cuba a los grupos insurreccionales en los diversos países de Iberoamérica, partiendo por Venezuela, lo que trajo como consecuencia que la OEA, en 1964, determinara el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.

En Chile, en 1962 se producen las primeras manifestaciones de grupos y organizaciones que propiciaban la insurrección armada, identificados con la Revolución Cubana.

A fines de 1964 Miguel Enríquez, que había renunciado al Partido Socialista y Luciano Cruz, expulsado del partido Comunista, junto a un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad de Concepción, dan origen a la Vanguardia Revolucionaria Marxista, que lanzó los primeros cimientos para conformar un movimiento de mayores dimensiones, que llegó a tener un organismo militar desarrollado y eficiente, con capacidad para influir en el desarrollo institucional de la Patria.

En 1965, también en la Universidad de Concepción, aparecen dos colectividades marxistas revolucionarias: Los Rebeldes y Los Emergentes, sin mucha significación; pero con gran aceptación de la juventud universitaria marxista.

En agosto de 1965 se realizó un congreso que agrupó a todos los grupos violentistas existentes en la Ciudad Universitaria de Concepción, que tuvo  como resultado la fusión de todos ellos en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue el primer movimiento  revolucionario subversivo en Chile, como resultado del fracaso del Frente Revolucionario de Acción Popular, de efímera vida en el segundo semestre de 1965. El MIR se centró en la literatura incendiaria, las manifestaciones callejeras violentas, las tomas o expropiaciones, el espionaje y la guerrilla.

Dos años después, el MIR realiza un Segundo Congreso, ahora Nacional, en que aparecen sus líderes formales: Miguel Enríquez, Luciano Cruz y Bautista van Schowen, quienes declaran públicamente que su movimiento tiene por objetivo convertir a Chile en una sociedad marxista-leninista mediante la lucha armada.

A fines de 1967, comienza sus actividades subversivas, poniendo bombas en Concepción y secuestrando a un carabinero de servicio. Posteriormente en Santiago, realizan asaltos a bancos para “robarles fondos a los capitalistas”; y se inicia una escalada subversiva de más de 40 asaltos a sucursales bancarias, con los consiguientes daños a funcionarios policiales y civiles y en la propiedad privada, sin voluntad de las autoridades democratacristianas de la época por detener a los dirigentes de este movimiento terrorista.

En 1969, se detecta por ciudadanos la existencia de una escuela de guerrilleros en Guayacán, cerca de San José de Maipo; y poco más tarde, otra en Corral, cerca de Valdivia.

Una vez que asume el gobierno de la Unidad Popular, el MIR se caracteriza por su accionar dirigido principalmente a la toma de propiedades agrícolas, obedeciendo a directrices de los dirigentes políticos de la Unidad Popular.

Durante 1969 se incorpora al movimiento una serie de dirigentes universitarios liderados por Andrés Pascal Allende, quien por su parentesco con Salvador Allende, consigue financiamiento internacional para el MIR.

Una vez que asume el gobierno de la Unidad Popular, el MIR se caracteriza por su accionar dirigido principalmente a la toma de propiedades agrícolas, obedeciendo a directrices de los dirigentes políticos de la Unidad Popular, contribuyendo de esta manera al proceso de socialización de la economía. A estas alturas de la vida nacional, el MIR actuaba en forma abierta, frente a la ciudadanía paralogizada, que era objeto de fechorías que quedaban en impunidad, pues la fuerza pública se declaraba incompetente frente a un movimiento que era respaldado por el gobierno.

Por otra parte, el MIR coordinaba a una serie de otros movimientos del régimen: Frente de Estudiantes Revolucionarios, Frente de Trabajadores Revolucionarios, Movimiento Campesino Revolucionario y Movimiento de Pobladores Revolucionarios. Estos grupos se destacaron por desarrollar tareas para atemorizar a la población, obedeciendo a las directrices que establecían las etapas para la instauración definitiva del marxismo en Chile por parte de la cúpula de la Unidad Popular.

En 1971, el MIR estableció vínculos con el régimen de La Habana, lo que le permitió acceder a cursos de capacitación en el uso de la violencia para sus integrantes, además de recibir un soporte logístico en armamento procedente de  la órbita socialista.

De esta forma, el MIR llega a reclutar y organizar aproximadamente 5.000 militantes activos, entrenados en el uso de todo el armamento que poseía el Ejército de Chile y en las tácticas de despliegue de la Armada.

Mediante documentos, preparaban a sus militantes para una guerra civil, con instrucciones para la interceptación telefónica y la coordinación segura de los contactos de sus dirigentes, entre otras actividades conducentes al fin referido.

En agosto de 1968 se creó la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) por Ismael Villegas Pacheco y los hermanos Ronald y Arturo Rivera Calderón. Surgió como una rama del MIR.

A pesar de que la ley prohibía la existencia de cualquier organización paramilitar, los miristas desfilaban por las calles con botas, cascos y armas, enarbolando banderas en lanzas; y usando linchacos y otras armas. Todo ello, para amedrentar a la población. Al poco tiempo, no tuvieron tapujos en emplear armas de fuego, convirtiendo las calles de las ciudades en campos de batalla.

Salvador Allende se refería a ellos como “jóvenes idealistas”, pese a su accionar criminal, siempre impune.

En agosto de 1968 se creó la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) por Ismael Villegas Pacheco y los hermanos Ronald y Arturo Rivera Calderón. Surgió como una rama del MIR. Se declaraban partidarios de una unión de la izquierda revolucionaria, para el derrocamiento de las clases que denominaba explotadoras, la transformación de las relaciones económicas existentes y la creación del hombre nuevo.

La VOP entró en acción en 1970, con una serie de asaltos a bancos y otras empresas, para obtener recursos, iniciando una serie de crímenes bajo la cobertura de la “justicia revolucionaria”, que incluyó asesinatos y ultrajes a diversos ciudadanos. Dentro de los actos que se adjudicó este movimiento se encuentra el asesinato del Vicepresidente de la Nación, Edmundo Pérez Zujovic y el intento de tomar por asalto el Cuartel General de la Policía de Investigaciones, donde fueron asesinados algunos detectives. Entre febrero y junio de 1970, la policía capturó a sus miembros. Pero la mayoría de sus crímenes quedó impune, ya que el Director de la Policía de Investigaciones, Eduardo “Coco” Paredes” paralizó intencionalmente la búsqueda de los culpables.

Salvador Allende tuvo una guardia personal denominada “Grupo de Amigos Personales” (GAP), creada el mismo día de su elección, dirigida por Max Marambio, quien usaba el nombre político de Ariel Fontana. Eran militantes revolucionarios experimentados, reclutados ante la desconfianza de Allende hacia los directores de Orden y Seguridad del Estado. Asumido el gobierno, con Eduardo Paredes y el General Sepúlveda Galindo a cargo de esos servicios, personas de la confianza del presidente, en vez de desaparecer, se multiplicaron, custodiando a diversos dirigentes de izquierda y sus familias. Eran una suerte de terroristas de Estado, dotados de armas, vehículos y respaldo de la autoridad, que permanentemente atropellaban los derechos de toda la población.

Además, hubo Brigadas de Choque y los Cordones Industriales, que eran órganos del llamado Poder Popular, los que conspiraron contra la producción y la paz social.

Ya en la campaña presidencial de 1970, los partidos de la UP exhibieron formaciones paramilitares: la Brigada Ramona Parra del Partido Comunista y la Brigada Elmo Catalán, del Partido Socialista. Tenían actividad política por medio de murales y cometieron todo tipo de delitos: balearon el vehículo del diputado Arturo Frei en Concepción; atacaron la casa del diputado DC Carlos Demarchi en San Antonio; atacaron a propagandistas del Partido Nacional en Isla de Maipo; mataron al militante DC Jaime Contreras; acribillaron a dos jóvenes DC en La Reina; flagelaron al director del Canal 5 de TV en Talcahuano; asesinaron al militante de Patria y Libertad Mario Aguilar e hirieron a dos compañeros suyos; atacaron con bombas Molotov las oficinas del correo en Valdivia; se enfrentaron con la guardia del Grupo 7 de la FACH en Los Cerrillos; atacaron la sede central de la Universidad Católica, etc. La consecuencia política fue la destitución del Intendente de Santiago, Jaime Faivovich.

Santiago estaba rodeado por once cordones industriales y seis campamentos. De éstos, el más importante fue el Cordón Cerrillos, que se organizó en junio de 1972, para presionar por la estatización de empresas privadas y más tarde, participó en una ola de tomas de industrias. Estaba dominado por los socialistas y el MIR. Estas organizaciones habían tomado el nombre de Comandos Comunales y rodeaban el centro de Santiago y el barrio alto. Contenían las industrias claves y casi todos los objetivos importantes para paralizar los servicios vitales de la ciudad: electricidad, agua y gas, contando con eficientes medios de enlace. En algunos de estos organismos, tenían grupos paramilitares, que contaron con la capacitación de instructores extranjeros; y con gran cantidad de armas, además de que produjeron armamento e, incluso, vehículos blindados.

Además, como consecuencia de la toma de terrenos, se formó una cadena de campamentos, rodeando el centro de Santiago e, incluso, instalados en comunas del barrio alto, con el apoyo del MIR. Tenían rígida disciplina, murallas de madera, torres para vigías y guardias.

Allende, el 29 de junio de 1973, a raíz de la sublevación del Regimiento Blindado N° 2, Tacna, proclamó: “Si llega la hora, armas tendrá el pueblo”.

Allende, dentro de sus primeras actividades, promulgó una serie de medidas  tendientes a dejar sin efecto los procesos judiciales que se sustanciaban contra miembros del MIR. Además, indultó a 43 guerrilleros del MIR y de la VOP. Gracias a eso, quedaron libres y salieron de la clandestinidad los principales cabecillas del MIR y la VOP que habían cometido crímenes políticos y comunes. Al firmar el decreto, Allende explicó que se trataba de “jóvenes idealistas”, con los cuales tenía una apreciación táctica diferente, que actuaron erradamente, pero impulsados por un anhelo superior de transformación social.

El 11 de marzo de 1972, un avión de Cubana de Aviación aterrizó en Pudahuel y fue trasladado a su terminal sur, para bajar, sin pasar por la aduana una carga de 13 cajones. Al reclamar el personal de Aduana, el director de Investigaciones, Eduardo Paredes, dijo que eran regalos de Fidel Castro a Salvador Allende; y el ministro del Interior, Hernán del Canto, ordenó cargarlos en camionetas cerradas y en furgones de la Policía de Investigaciones. Allende dijo que eran cuadros para una exposición. Llegaron como equipaje de Eduardo Paredes, director de la Policía de Investigaciones, vinculado a los sectores internacionales de la revolución comunista. Posteriormente, se pudo comprobar que eran armas y que no había sido el único embarque, pues se encontró armamento para una división de más de 15.000 hombres, mientras Allende, el 29 de junio de 1973, a raíz de la sublevación del Regimiento Blindado N° 2, Tacna, proclamó: “Si llega la hora, armas tendrá el pueblo”.

Allende conocía y estimulaba el entrenamiento de obreros en las fábricas, habiendo hablado de sus planes de convertir los cordones industriales en un cerco de fuego y acero alrededor de Santiago y otras ciudades importantes. Los instructores venían de Cuba con pasaporte diplomático. En septiembre de 1973, había 633 diplomáticos cubanos y 973 cubanos sin la documentación necesaria.

VII. La deslegitimación del gobierno de Allende

En los meses de julio y agosto de 1973, apareció el fantasma de una guerra civil, frente al cual, Allende y la Unidad Popular siguieron dos líneas paralelas, aunque contradictorias.

Por una parte, preparar el enfrentamiento armado, acumulando armas y explosivos y diseñando estrategias razonables para la lucha, para lo cual contaba con el apoyo de los grupos paramilitares, especialmente el MIR, como hemos explicado precedentemente; y por la otra, intentar prevenir o al menos retardar el enfrentamiento, utilizando para ello dos fases: primero, el diálogo con la Democracia Cristiana, en julio; y luego, con la incorporación de militares en el gabinete.

Allende y parte de  las Unidad Popular, fundamentalmente los comunistas, presionaron intentando dividir a la oposición, alarmados porque en ésta se encontraba consolidado el concepto de que el gobierno había caído en la ilegitimidad por dos razones fundamentales:

En primer lugar, porque a mediados del año 1973, el Congreso aprobó el proyecto de reforma constitucional, referido a las tres áreas de la economía, una privada, una mixta y una estatal; y el presidente Allende vetó el acuerdo del Congreso, inspirado en su interés de darle un impulso y un énfasis definitivo al área estatal. El Congreso se opuso al veto presidencial, generándose una polémica jurídica de importantes repercusiones en la situación política del país.

La Cámara de Diputados aprobó un acuerdo, denunciando la “abierta ilegalidad del Gobierno”; y Sergio Diez declaraba que, o promulgaba la reforma constitucional o se salía de la Constitución.

Allende no pudo hallar respaldo a su tesis de que el Congreso no había reunido los votos suficientes para rechazar los vetos; y la oposición sostenía lo contrario y que el único camino de solución era un plebiscito, a lo que Allende se oponía, argumentando que no habían sido rechazados los vetos y dejando pasar el plazo para llamar a plebiscito. Trató  de obtener el apoyo del Tribunal Constitucional, que le había sido favorable en varias oportunidades; pero éste se declaró incompetente. Por último, Allende intentó promulgar sólo las partes no vetadas de la reforma, dictando el decreto correspondiente, pero la Contraloría General de la República, en julio de 1973, determinó que no era posible una promulgación parcial.

Así, el gobierno quedó acorralado, en tanto la oposición sostenía que Allende había caído en ilegitimidad de ejercicio. La Cámara de Diputados aprobó un acuerdo, denunciando la “abierta ilegalidad del Gobierno”; y Sergio Diez declaraba que, o promulgaba la reforma constitucional o se salía de la Constitución.

En segundo lugar, en junio de 1973, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, don Jaime del Valle, denunció a la opinión pública que en las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973 se había perpetrado un fraude masivo, de aproximadamente 200.000 sufragios en beneficio de la unidad Popular y sus candidatos, mediante una organización sistemática a lo largo de todo el país y a escala gigantesca, adulterando totalmente los resultados electorales. Esto dio origen al diálogo Allende-DC, que se dificultó por la persistencia de la actividad violentista y por la negativa de la Democracia Cristiana a conversar mientras la violencia institucionalizada persistiera. El cardenal Silva Henríquez activó los contactos DC-Allende.

Se inició una serie de reuniones en la casa del cardenal, en la sede de la Central Única de Trabajadores (CUT) y en La Moneda; pero no había acuerdo acerca del objeto del diálogo. El gobierno quería un acuerdo completo y detallado sobre una reforma constitucional y la aprobación de algunas leyes complementarias importantes y complejas, en tanto, la Democracia Cristiana pretendía le promulgación integral de la reforma constitucional vetada, la devolución de las empresas tomadas y la desarticulación de los grupos paramilitares; y todo ello, resguardado por un gabinete en que hubiera mayoría de las Fuerzas Armadas. A esto se opuso con toda su fuerza el Partido Socialista.

Allende trató de arrastrar a la Democracia Cristiana a un estudio sobre sus proposiciones de reforma constitucional, lo que requería tiempo, en una maniobra similar a la del Estatuto de Garantías Constitucionales que le permitió acceder a la Presidencia de la República; pero la Democracia Cristiana no lo aceptó, con lo que Allende quedó frente a dos salidas posibles: o un gabinete militar, en términos aceptables para la Unidad Popular, o el enfrentamiento, con riesgo inminente de una guerra civil.

El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados toma un acuerdo en el cual representa el grave estado en que se encontraba  el país, señalando entre otras ilegalidades, su empeño en obtener el poder total, con el propósito de someter a las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr así la instauración de un sistema totalitario y antidemocrático.

El 9 de agosto juraba el nuevo gabinete, con composición militar (los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros), en un ambiente tenso y con declaraciones que configuraron un contexto que dejaba a Allende en clara posición de ilegalidad.

El abogado don Héctor Riesle resumió en tres grandes aspectos la ilegitimidad de ejercicio en que incurrió Allende: 1° Por haber violado reiterada, deliberada y sistemáticamente el derecho natural; 2° Por haber violado sistemáticamente el orden jurídico positivo, incurriendo en deliberada y permanente sedición; y 3° Por haber atentado deliberadamente contra el bien común.

El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados toma un acuerdo en el cual representa el grave estado en que se encontraba  el país, señalando entre otras ilegalidades, su empeño en obtener el poder total, con el propósito de someter a las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr así la instauración de un sistema totalitario y antidemocrático.

Agregó la Cámara que el Gobierno ha hecho de la violación de la Constitución y la ley un sistema permanente de conducta, atropellando sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando las garantías constitucionales de todos los chilenos y amparando la creación de poderes paralelos ilegítimos, con lo que ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y el Estado de Derecho.

La Corte Suprema, fue representando al gobierno las graves irregularidades en que había incurrido, llegando a dirigir un oficio al Presidente de la República en que manifiesta que se estaba ante el inminente quiebre de la juridicidad de Chile.

Enumera la Cámara las transgresiones en que ha incurrido el gobierno: Violación del principio de igualdad ante la ley; atentado contra la libertad de expresión; violación del principio de autonomía universitaria; atentado contra la libertad de enseñanza; violación sistemática de la garantía del derecho de propiedad; detenciones ilegales por motivos políticos; y desconocimiento de los derechos de los trabajadores.

Concluye el acuerdo con un llamado a la rectificación inmediata y recuerda a las Fuerzas Armadas su juramento que las compromete a defender la juridicidad amenazada.

Por su parte, la Corte Suprema, fue representando al gobierno las graves irregularidades en que había incurrido, llegando a dirigir un oficio al Presidente de la República en que manifiesta que se estaba ante el inminente quiebre de la juridicidad de Chile.

El 23 de agosto de 1973, La Corte Suprema envía un oficio al Presidente, reclamándole que ha intentado someter el libre criterio del Poder Judicial a las necesidades políticas del Gobierno, mediante la búsqueda de interpretaciones forzadas para los preceptos de la Constitución y las leyes. Y hace presente, además, que el Presidente ha asumido una posición de plena militancia partidista, frente a la actitud de algunos sectores contra la Corte Suprema; que ha desconocido las atribuciones del Poder judicial; que ha pretendido fijar a la Corte Suprema las pautas de interpretación de la ley, materia de competencia exclusiva del Poder Judicial; que había errado respecto a cómo debía cumplir la autoridad administrativo el requerimiento de la Fuerza Pública, dejando al arbitrio político la eficacia de las resoluciones judiciales y las órdenes de detención.

El Colegio de Abogados elaboró un informe, en que concluye la incompatibilidad entre el propósito o plan de gobierno y el marco institucional, por lo que el Presidente se encuentra impedido de cumplir su pensamiento de gobernante, de manera que estas circunstancias crean impedimentos que dificultan el desempeño del Presidente de la República, en los términos, con las prerrogativas y con la dignidad que la Constitución Política le confiere al cargo.

También la Contraloría General de la República representó al presidente Allende la ilegalidad de sus acciones, tanto en las requisiciones genéricas de empresas, como en el ya explicado intento de hacer promulgar parcialmente la reforma constitucional aprobada por el Parlamento.

Como hemos dicho, Allende, en un intento por perseverar en su programa de gobierno, llama a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al Director General de Carabineros a formar parte del gabinete el 9 de agosto de 1973, en lo que llamó “Gabinete de Seguridad Nacional”; pero fue de corta duración, porque el 18 de agosto renuncia el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y el 23, el del Ejército.

Allende intentó reorganizar el gabinete, nuevamente llamando a las Fuerzas Armadas. Los Comandantes en Jefe enviaron a otros generales a integrarlo, salvo el Director General de Carabineros, que asumió en Tierras y Colonización.

No obstante la iniciativa del gobierno de tratar de involucrar en forma activa a las Fuerzas Armadas  en el proceso de aplicación del programa de gobierno previsto, ello no dio resultado. Era evidente para el país que Allende aspiraba a constituir un Estado Popular, sin reparar en medios y formando una milicia política de proporciones, alternativas a las Fuerzas Armadas y de Orden. El crecimiento de los grupos paramilitares ya constituía en 1972 una amenaza palpable.

La participación castrense en los gabinetes ministeriales era cuestionada y poco a poco las instituciones habían ido tomando conciencia de su rol ―no escrito― de garantes del orden institucional de la República.

Frente a toda esta situación que se fue formando durante los casi tres años de gobierno de la Unidad Popular que hemos explicado, era evidente e inminente que nos enfrentaríamos en una guerra civil. Y no se puede descartar, en ese escenario, la posibilidad de  instauración definitiva de una dictadura marxista, ante la manifiesta desproporción de fuerzas entre la ciudadanía desarmada y las fuerzas paramilitares organizadas por la Unidad Popular.

Frente a esto, a las Fuerzas Armadas, asumiendo su rol histórico de garantes del orden institucional de la República, no les quedó más que intervenir, asumiendo el gobierno hasta que Chile se encontró nuevamente en condiciones de volver a la normalidad, fijando un itinerario de retorno a la plena democracia, que se cumplió íntegra y oportunamente, tal y como se previó en la Constitución de 1980, cuando Augusto Pinochet hizo entrega del gobierno a don Patricio Aylwin.

Podemos decir con propiedad que el gobierno de Allende ha sido el peor de la historia de Chile.

Autor: Mario Correa Bascuñán

Profesor Titular de La Pontificia Universidad Católica de Chile

Notas

[1] En Chile, esta expresión se usa, junto con “población” o “población callampa”, para referirse a lo que en otros países se conoce como “barrios de chabolas”, “villas miseria” o “favelas”.

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