Un examen crítico de la separación Iglesia-Estado
El problema de la separación Iglesia-Estado ha quedado en el archivo de los grandes asuntos políticos, guardado bien al fondo de la memoria de los sectores en disputa. El mundo “anticlerical” disfruta de su victoria y el mundo católico parece convertir la derrota en un acierto.
No es raro. Nuestra realidad social, cultural y política nos da razones de sobra para pensar que la separación del Estado y la Iglesia es lo-menos-malo-que-nos-podría-haber-pasado. Y en eso hay mucho de razón. Si ya en los años en que el Estado era constitucionalmente católico los gobiernos eran hostiles a la libertad de la Fe —como lo denunciaba un ultramontano como Abdón Cifuentes— qué habría sido de la Iglesia en Chile bajo el patronazgo de radicales, socialistas y frenteamplistas.
Todo esto es historia ficción, pero el punto es el mismo: ciertamente no es conveniente la dependencia relativa entre el poder temporal y el espiritual cuando el gobierno puede quedar en manos de históricos adversarios de la Iglesia.
Otros tratan de dar un paso más allá, el mismo que dieron Manuel José Yrarrázaval y Zorobabel Rodríguez en el siglo XIX, el de celebrar la libertad de cultos como la mejor defensa de la Iglesia, y por tanto, la necesidad de separar al Estado de la Iglesia. Esto, que es más dudoso dogmáticamente, tiene también una razón de bien. Y es que en el siglo XIX, Yrarrázaval y Rodríguez, al igual que otros católicos chilenos, veían cómo la Iglesia crecía con fuerza en los Estados Unidos y creyeron, razonablemente, que la libertad de cultos era lo más favorable para la evangelización. No solo eso: el gobierno federal norteamericano, que no reconoce religión oficial, promovía una serie de actos religiosos y demostraba mayor reverencia al cristianismo —en sentido amplio— que nuestra república confesional.
No es conveniente la dependencia relativa entre el poder temporal y el espiritual cuando el gobierno puede quedar en manos de históricos adversarios de la Iglesia.
Los años pasaron y el quiebre de la unión de la Iglesia y la República de Chile se consolidó de manera pacífica con la aprobación directa del Vaticano en 1925, pese a las resistencias locales —brillantemente expuestas por el profesor Roberto Peragallo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica—. En esos años se dijo que el Estado podía separarse de la Iglesia, pero no al catolicismo de Chile. Y pareciera ser que no fue así. Aunque el papel protagónico de la Iglesia en la vida nacional se mantuvo intacto hasta finales del siglo XX, la agudizada secularización de nuestro país ha revelado la gran fragilidad de la Iglesia en Chile, equivalente a la vivida en países europeos. A lo que se debe sumar lo ya aludido al principio: muchos de los más piadosos católicos creerían que corresponde hablar críticamente de la separación Iglesia-Estado, pues de algún modo u otro “era para mejor”.
Este ensayo no pretende en caso alguno restablecer la unión Iglesia-Estado del viejo artículo 5 de la Constitución de 1833. Tampoco defender a rajatabla la “confesionalidad del Estado”[1]. Este texto no es una propuesta “programática” ni de política concreta, pues existen múltiples factores que impiden hablar hoy de una re-unión del poder espiritual y el temporal. Pero teniendo presente el modo en que se desenvolvieron los hechos históricos y considerando la facilidad con que ciertas ideas-fuerza de la modernidad se han afirmado en el parecer común de muchos católicos sinceros, nunca está demás revisar, a la luz del Magisterio y del pensamiento católico, si es o no conveniente que el poder espiritual y el temporal estén o no unidos.
En esos años se dijo que el Estado podía separarse de la Iglesia, pero no al catolicismo de Chile. Y pareciera ser que no fue así.
Para proceder, quiero abordar este asunto desde tres argumentos comunes para sostener que lo mejor es que la Iglesia y el Estado estén separados:
El primero es aquel que rechaza la mezcla de los asuntos políticos con los religiosos. Las cuestiones políticas dependen de una lógica secular, ajena a lo espiritual, y en última instancia de un estándar “científico” que excluye un pronunciamiento religioso.
Esto, como casi todo en el mundo de las ideas, esconde una media verdad —muy cristiana por de pronto— pero distorsionada. Existe un vínculo indestructible entre lo político y lo religioso. Parafraseando a Juan Donoso Cortés, en toda cuestión política subyace una teológica. Y es que la pregunta por el sentido trascendente de la vida y sus implicancias no solo afectan la vida privada, determina también en gran medida el concepto de bien común que funda la vida política.
Esto ha sido entendido así por la mayoría de los pueblos de la historia humana, inclusive desde antes del cristianismo. Y como si fuera poco, fue gracias al cristianismo que se extendió una sana distinción de planos entre lo propiamente espiritual y lo político (dos espadas). Pero esta distinción no es separación, pues se mantiene una unidad jerárquica de fines, donde la comunidad política no es ajena al bien espiritual del hombre y donde el perfeccionamiento espiritual (santidad) no puede eludir su vocación pública.
Fue gracias al cristianismo que se extendió una sana distinción de planos entre lo propiamente espiritual y lo político (dos espadas). Pero esta distinción no es separación, pues se mantiene una unidad jerárquica de fines.
Distinto a esto es pretender sacralizar o canonizar realidades políticas contingentes o mundanizar lo espiritual. Y ahí lo sorprendente: los intentos más radicales de divorciar la religión y la política han creado verdaderas “religiones seculares”, dogmas terrenales y utopías que buscan saciar el anhelo de trascendencia por medio de un paraíso intramundano. Estas religiones (liberalismo, socialismo, fascismo, socialdemocracia, ecologismo, etc.) tienen su libro sagrado, sus iglesias y ritos. Y de esto no se exime ninguna ideología contemporánea. Esto revela la clara hipocresía del agnosticismo político, que en última instancia tiende a construir un culto neo-pagano para dar sustento a su modelo ideológico.
El segundo se basa en la libertad de culto, en la imposibilidad de que el poder político imponga por la fuerza la fe y la necesidad de respetar a las minorías.
En este punto es fundamental distinguir. Si por libertad religiosa —rectamente entendida como libertad de las conciencias— entendemos que se debe resguardar la inmunidad de coacción de las personas para seguir la recta conciencia, eso no tiene nada que ver con el estatus de relación de la Iglesia con el Estado. Una comunidad política que reconoce “oficialmente” a la Iglesia como poder espiritual puede perfectamente resguardar la intimidad de los ciudadanos disidentes y crear un régimen de tolerancia de otros cultos.
Pero respecto a la comunidad política, la Iglesia debe actuar como Depósito de la Verdad Revelada, es decir, autoridad.
Distintas son las cosas si presuponemos una libertad religiosa como agnosticismo político, es decir, la absoluta equivalencia de todos los credos religiosos entre sí. En ese caso el Estado debe, necesariamente, permanecer inerte ante el fenómeno religioso o subsidiarlo de manera general y no discriminatoria. Pero, como ya se advirtió, es imposible que una comunidad política sea indiferente al fenómeno religioso —en última instancia, la religión oficial será la ideología de turno, lo que es más peligroso para la libertad de las conciencias—, y el hecho de que existan cultos diversos no anula la posibilidad de un reconocimiento político a la Fe de la comunidad.
El tercero es aquel que estima que el poder de la Iglesia no tiene relevancia en el Estado, pues es puramente espiritual. Se dice muy a menudo que a la Iglesia le hizo mucho daño sujetarse al Estado. Y existen antecedentes de sobra al respecto, particularmente en nuestro caso con el regalismo en el que derivó el Patronato de la Corona española. Tanto mejor sería para la Iglesia solo evangelizar y no entrometerse en cuestiones de la política.
En esto digo, junto a Álvaro d’Ors, que es importante recuperar la diferencia entre potestas y auctoritas. La potestas es el poder socialmente reconocido, la auctoritas es el saber socialmente reconocido. La Iglesia, en cuanto poder espiritual, persigue su fin de llevar la salvación a los hombres y tiene potestas sobre los fieles. Pero respecto a la comunidad política, la Iglesia debe actuar como Depósito de la Verdad Revelada, es decir, autoridad. Esto es fundamental destacarlo. Que la Iglesia tenga algo que decir en materia temporal no tiene nada que ver con darle el control del gobierno de la comunidad política a los clérigos. La Iglesia, cumpliendo con su propósito esencial, ejerce su autoridad —en sentido estricto— que consiste en decir a todos los hombres lo que es lo Verdadero, Bueno y Bello.
La sana convivencia de la Iglesia con el Estado no tiene que ver con darle el gobierno de la nación a los curas o definir dogmáticamente cada controversia política, mucho menos forzar a las personas a seguir la Fe. Es fomentar una “unión moral”.
El propio Benedicto XVI de un modo u otro nos enseña el rol de autoridad cuando se refiere a la “purificación de la política”. La fe puede curar los excesos de la razón —en ciencia, política y otros ambientes— y reconducir la vida de la persona, las familias, las asociaciones intermedias y toda la comunidad política hacia su cometido fundamental: el bien de la persona humana. La Iglesia, en su Magisterio, ha dado una completa fundamentación a las grandes verdades de lo político y es la única persona moral capaz de transmitir con acierto las bases morales o pre-políticas de la política.
Esa purificación de la política tiene un amplio margen de pluralidad de opciones donde la Iglesia sigue habilitada para orientar, pero en caso alguno canonizar una propuesta política —aunque sí vetar aquellas que se apartan radicalmente del Evangelio—. Por ello, nuevamente debemos decirlo: la sana convivencia de la Iglesia con el Estado no tiene que ver con darle el gobierno de la nación a los curas o definir dogmáticamente cada controversia política, mucho menos forzar a las personas a seguir la Fe. Es fomentar una “unión moral” en los términos de Vásquez de Mella, permitiendo que la comunidad política se nutra de la fe, esperanza y caridad para el buen gobierno de sus ciudadanos.
Como nunca está demás repetir lo obvio, esto es solo un primer intento por romper el molde intelectual en el cual nos hemos atrapado tras 100 años de la separación Iglesia-Estado. Son muchísimas las consideraciones adicionales que es necesario hacer, muchas teorías han surgido en el camino (la hipótesis americanista, la opción benedictina, la nueva cristiandad, etc.) pero si hay algo claro es que el avance del secularismo y la consolidación de la dictadura del relativismo han dañado severamente las bases de la convivencia política, y eso requiere, fuera de cualquier otra consideración aquí expresada, que los católicos recordemos que Cristo debe estar en la cumbre de todas las actividades humanas, incluidas las del servicio público.
Notas
[1] Siguiendo a algunos maestros del pensamiento tradicional hispánico, bien podría decirse que la confesionalidad del Estado es un producto del protestantismo.
Last modified: marzo 18, 2026
